Paquete 2027 deja poco margen para impulsar el crecimiento: Coparmex

Paquete 2027 deja

La ruta fiscal planteada en el Paquete Económico 2027 deja poco margen de maniobra para que el gobierno impulse el crecimiento económico, ante el nivel de endeudamiento y el aumento de los compromisos ineludibles del gasto público, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El organismo empresarial señaló en un comunicado que aunque el déficit fiscal previsto para 2027 baje a 3.9%, desde el 4.1% calculado para este año, aún supera el 2.9% del PIB destinado a inversión pública: “En los hechos, estamos usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva”.

Sostuvo que el saldo total de la deuda pública alcanza el 55% del PIB, el nivel más alto desde 1990, y que ante este escenario es indispensable que el presupuesto priorice el saneamiento de las finanzas públicas, la inversión productiva y las condiciones necesarias para impulsar un mayor crecimiento económico.

Aseveró que el espacio fiscal se reduce conforme aumentan los compromisos ineludibles del presupuesto, el costo financiero de la deuda alcanza 1.57 billones de pesos, con un incremento real de 11.8% y que a ello se suman 2.48 billones de pesos para pensiones, equivalentes a dos de cada diez pesos del presupuesto y a 6.2% del PIB.

En materia de ingresos, valoró que el gobierno no incorpore nuevos impuestos ni aumentos generales en las tasas, pero advirtió que la estrategia recaudatoria incrementa la carga para determinadas empresas.

Detalló que las modificaciones amplían la base del ISR para personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y establecen nuevos límites a las deducciones y la amortización de pérdidas fiscales.

Precisó que aunque se concentran en empresas que superan dicho umbral, pueden afectar a aquellas que, aun con altos ingresos, operan con márgenes reducidos, lo que podría generar una utilidad fiscal y una obligación de ISR distinta a su realidad financiera, lo que afectaría especialmente a empresas endeudadas, reduciendo los incentivos para invertir e incluso limitando su supervivencia.

Reconoció la reducción de 12% en el costo del espectro radioeléctrico, una medida que, recordó, ha planteado desde 2024 para impulsar la conectividad y que coincide con una de las barreras no arancelarias identificadas por Estados Unidos durante la revisión del TMEC. También valoró los incrementos reales previstos para seguridad, educación y salud.

Sobre los ajustes a la baja de las previsiones para el PIB en 2027, Coparmex consideró que el nuevo rango es más cercano a las condiciones actuales y al 1.8% que estima el mercado. Sin embargo, señaló que las condiciones económicas y el bajo ánimo para invertir continúan limitando las posibilidades de crecimiento.

El problema, de acuerdo con el organismo empresarial, es que las metas fiscales del próximo año dependen precisamente de que la economía alcance un mayor crecimiento. El gobierno también necesitará menores presiones inflacionarias y financieras, así como un aumento real de 5.9% en la recaudación tributaria, que llegaría a un máximo histórico de 15.9% del PIB.

Si estos supuestos no se cumplen, Coparmex advirtió que podrían presentarse menores ingresos, un mayor costo financiero o recortes durante el ejercicio. Esto tendría el potencial de elevar el déficit y la deuda, o reducir todavía más el margen disponible para seguridad, salud, educación e infraestructura.

Por ello, consideró indispensable incorporar escenarios alternativos, medidas preventivas y mecanismos transparentes de ajuste que protejan la inversión productiva y los servicios públicos esenciales.

Indicó que en un contexto en el que dos de las principales calificadoras mantienen a México a un solo escalón del grado de inversión, y S&P colocó su perspectiva en negativa, la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto y una mayor inversión pública deben ser prioridades para fortalecer la confianza.

Coparmex recordó su propuesta para la creación de un Consejo Fiscal Independiente que evalúe los supuestos macroeconómicos, las estimaciones de ingresos y gasto, los riesgos fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública.