Nueva recomendación de la CNDH desautoriza informes del GIEI y la Covaj sobre Ayotzinapa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa, de más de 800 páginas, en la que desautoriza todos los informes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) –cuando Alejandro Encinas era subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG)–, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de sociedad civil, al considerar que se ha tratado de impulsar una “antiverdad” que ha servido para alimentar “el sensacionalismo” que genera la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército.
Sin ningún aviso previo y sin ofrecer una conferencia de prensa para explicar el contenido de su recomendación, la CNDH hace tabla rasa de la información que se ha generado y señala que la persistencia de la narrativa, “que pretende ser contestataria a la verdad histórica, en poco ha ayudado”.
Este mecanismo fue dirigido a 22 autoridades, entre ellas, la Fiscalía General de la República, a la Covaj, a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, a las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas y Nacional de Búsqueda, a la Secretaría de Educación Pública y a funcionarios de Guerrero.
Sin embargo no menciona a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ha sido señalada por los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos hace casi 12 años.
En el documento, la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, sólo reconoce a 40 estudiantes desaparecidos de los 43, porque los otros tres señala que fueron “víctimas de ejecución extrajudicial”.
Sobre los más de 800 folios en poder del Ejército que las familias han demandado, el organismo nacional indica que solicitó esa información a la Sedena.
En respuesta, la dependencia señala que únicamente existen 10 archivos correspondientes al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala y “son los que contienen única y exclusivamente información relacionada con el caso Ayotzinapa”.
En este sentido, la CNDH explica que la respuesta de la Sedena implica que los más de 800 números de folio incluidos en la solicitud no corresponden a documentos del CRFI, sino a una numeración consecutiva de registros de la mesa de control del 27 Batallón de Infantería. Precisa que, en ese periodo, el CRFI aún no contaba con un sistema de registro propio, ya que operaba dentro de las instalaciones del Batallón mientras se construía su sede definitiva.
Al respecto, con base en la información de Sedena, menciona que el CRFI de Iguala entró en operaciones el 8 de diciembre de 2015, 15 meses después de los hechos, “a pesar de lo cual persistieron los expertos del GIEI en repetir su narrativa hasta el final de su estancia en el país”.
