México: el país de las comisiones

En México hay un costo que tradicionalmente se da por asumido, que todos lo pagan: la comisión por hacer posible lo que debería ocurrir de manera normal.

No es necesariamente la comisión legítima de quien vende, distribuye, asesora o presta un servicio especializado. Esa existe en todas las economías y puede agregar valor.

El problema aparece cuando la comisión no remunera talento, eficiencia ni riesgo, sino acceso; cuando se paga no por resolver un problema, sino por conocer a la persona correcta, abrir una puerta, acelerar un expediente o destrabar una decisión que una institución debería tomar por sí sola.

La lógica está presente en la vida cotidiana. Quien busca una vivienda paga intermediaciones sucesivas; quien tramita un crédito enfrenta costos que difícilmente entiende; quien intenta venderle a una gran empresa descubre que, antes que la calidad de su producto, debe sortear una cadena de filtros, gestores y “facilitadores”.

Cada eslabón agrega un porcentaje. Al final, el precio no refleja solamente el valor de lo que se compra: incorpora el costo de una estructura diseñada para cobrar por acercar a las partes.

México se ha convertido, en demasiados ámbitos, en el país de las comisiones. Pero donde ese fenómeno se vuelve más grave es en la relación con el gobierno.

En teoría, las instituciones públicas existen para establecer reglas claras, procesos predecibles y decisiones impersonales. Una empresa debe poder participar en una licitación porque cumple los requisitos; un proveedor debe recibir su pago porque entregó lo pactado; un ciudadano debe obtener un permiso porque la ley le reconoce ese derecho. Ninguno de esos actos debería requerir un intermediario.

Sin embargo, la realidad suele ser distinta. Hay quien cobra por orientar un trámite, por conseguir una cita, por saber a qué oficina acudir, por obtener una audiencia, por dar seguimiento a un expediente o por lograr que una factura llegue a revisión.

En sus formas más graves, las comisiones se convierten en porcentajes para obtener contratos, liberar pagos, evitar obstáculos regulatorios o acceder a decisiones que tendrían que estar blindadas frente a intereses particulares.

No todo gestor es corrupto y no toda asesoría es ilegítima. Sería un error sostenerlo. Hay especialistas que conocen una regulación compleja y ayudan a empresas y ciudadanos a cumplirla. El punto es otro: cuando el gestor deja de ser una ayuda opcional y se convierte en una condición práctica para que el sistema funcione, estamos frente a una falla institucional.

Esa falla tiene un costo enorme, encarece al gobierno. Una comisión incorporada al precio de un contrato no sale del bolsillo de un funcionario ni de la empresa que la entrega: termina pagándola el presupuesto público.

Es decir, la paga el contribuyente. Menos obra, menos medicamentos, menos mantenimiento, menos servicios; más dinero destinado a cubrir los costos de una cadena improductiva.

Castiga a quien compite limpiamente. La pequeña y mediana empresa que tiene un buen producto, pero no contactos ni recursos para financiar intermediarios, llega tarde o no llega.

La capacidad de innovar pierde frente a la capacidad de “operar”. Así, el mercado público deja de premiar al más eficiente y empieza a favorecer al mejor conectado.

Destruye la confianza. Cuando una empresa piensa que para cobrar necesita a alguien que intervenga, o cuando un ciudadano asume que un trámite sólo avanza con un gestor, la institución pierde autoridad. No se percibe como garante de derechos y obligaciones, sino como una aduana en la que siempre habrá alguien cobrando por pasar.

El daño económico va incluso más allá. Un país que normaliza las comisiones improductivas eleva sus costos de transacción, desalienta la inversión y reduce su competitividad.

Las empresas no sólo calculan salarios, impuestos, logística o energía antes de invertir; también calculan el tiempo, la incertidumbre y los costos invisibles de tratar con un aparato público opaco. Cada trámite incierto y cada pago detenido se convierten en una prima adicional para hacer negocios en México.

No es casualidad que, en ambientes así, la palabra “gestión” pueda adquirir dos significados opuestos. Puede ser sinónimo de capacidad profesional para resolver.

Pero también puede ser el eufemismo de una práctica que sustituye reglas por relaciones personales. La diferencia entre una y otra no está en el nombre del servicio, sino en la pregunta esencial: ¿el intermediario agrega valor o cobra porque el sistema fue construido para no funcionar sin él?

Combatir este problema exige más que discursos contra la corrupción. Requiere procesos públicos sencillos, trazables y con plazos obligatorios; padrones de proveedores transparentes; pagos verificables; licitaciones verdaderamente competitivas; reglas que no cambien según la oficina, el funcionario o la relación personal de quien solicita algo.

La digitalización ayuda, pero no basta. Un trámite en línea puede seguir siendo opaco si no hay criterios claros, responsables identificables y consecuencias cuando la autoridad no cumple. El objetivo no debe ser trasladar la burocracia a una pantalla, sino eliminar la discrecionalidad que alimenta la necesidad del intermediario.

México necesita reconocer que muchas comisiones no son un costo inevitable de hacer negocios. Son el precio de instituciones que aún no garantizan certidumbre.

Mientras una empresa necesite pagar para que le reciban, revisen o paguen lo que ya cumplió; mientras un ciudadano requiera “alguien que conozca a alguien” para ejercer un derecho; mientras el acceso valga más que la competencia, seguiremos financiando una economía de intermediarios improductivos.

El país no necesita más gestores indispensables. Necesita un gobierno y mercados que funcionen sin que alguien tenga que cobrar por abrir la puerta.