Suspensión de líneas afectaría más a hogares de menores ingresos
Una potencial suspensión de líneas telefónicas por incumplir el registro obligatorio afectará más a hogares de menores ingresos, donde en muchos casos el prepago es la única vía de conectividad, de acuerdo con un análisis de Banamex.
El 83% del mercado de telefonía móvil corresponde a prepago, segmento sobre el cual recae en su mayoría la obligación de registrar las líneas.
Las recargas representan 1.7% del ingreso corriente del decil más bajo de la población, frente a apenas el 0.4% para el decil más alto, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 citados por el área de análisis económico del grupo financiero.
Además, el gasto en planes mensuales (pospago) es mayor conforme crece el ingreso, pues representa 0.13% del ingreso corriente en el decil más bajo y 0.67% en el más alto.
El contraste es importante porque el pospago es el segmento del mercado de la telefonía móvil que enfrenta menores fricciones de regularización, toda vez que una parte importante de esas líneas ya se encontraba identificada, o fue incorporada con mayor facilidad en cargas masivas de actualización
De las 63 millones de líneas ya registradas, 40.2 millones son de prepago (64% ) y 22.8 millones de pospago, según cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mencionadas por Banamex.
Esos números implican que el registro obligatorio ha tendido a absorber primero al usuario de mayor ingreso —más bancarizado, más formalizado y con menor costo relativo de cumplimiento—, y deja más expuesta a la persona usuaria de prepago o recarga, cuya conectividad depende de un esquema más flexible, pero también más vulnerable a la desconexión digital, la cual se puede mitigar si cuenta con acceso vía wifi.
“En consecuencia, el costo que el diseño traslada al usuario recae de forma desproporcionada sobre los hogares de menores recursos”, aseveró el grupo financiero.
El problema distributivo se amplifica al observar la dependencia estructural del prepago en los hogares, pues más de 26 millones de hogares, equivalentes a dos de cada tres, dependen exclusivamente de líneas de recarga, sin respaldo de un plan de pospago.
En los deciles de ingreso medio y bajo la dependencia es todavía mayor: alrededor de tres de cada cuatro hogares no tienen otra modalidad de acceso móvil distinta al prepago.
Con contraste, en el decil de mayores ingresos esta proporción baja a cerca de cuatro de cada 10.
“Esto significa que el riesgo de desconexión afecta a la principal vía de comunicación de la mayoría de los hogares”, apuntó.
Riesgo de exclusión financiera y digital
Banamex advirtió que para una proporción creciente de la población, la línea móvil es la puerta de entrada al sistema financiero formal.
Entre 2021 y 2024 la proporción de personas con cuenta de ahorro formal que usa una aplicación de celular para consultar o mover su dinero pasó de 54.3% a 69.1%, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera .
Para casi siete de cada 10 cuentahabientes, el teléfono ya es una sucursal. Aun quien nunca abre la aplicación depende de la línea, pues la clave de un solo uso que los bancos mandan por mensaje de texto —el segundo factor de autenticación— viaja por ese mismo número.
“Cancelar la línea no sólo apaga la aplicación; deja sin la llave de entrada a quien opera por internet, o incluso en ventanilla”, afirmó.
Banamex calculó que al ritmo real de registro de las líneas de prepago, cerca de 26 millones de números llegarían a diciembre sin vincularse, las cuales enfrentarían la suspensión según la ampliación del plazo dada a conocer este jueves.
Estimó que la pérdida permanente para el sector sería cercana a 1,900 millones de pesos al mes.
Posible vulneración a derechos humanos
El grupo financiero recordó que perder la conectividad digital podría vulnerar derechos humanos, pues en México el marco constitucional reconoce expresamente el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones.
“La conectividad está asociada a derechos interdependientes como el acceso a la información, la privacidad, la no discriminación y la inclusión digital, particularmente en grupos vulnerables y segmentos de menores ingresos”, expresó.
Un problema de incentivos desalineados
Banamex sostuvo que el registro obligatorio enfrenta una falla de diseño relacionado con un problema de credibilidad típico de economía institucional: la autoridad puede imponer la regla, pero no puede obligar a los usuarios a confiar en que se dará buen uso a su información.
Se genera una asimetría de riesgos donde el beneficio es colectivo y difuso (la posible reducción del crimen), mientras que el costo es individual, inmediato y tangible para el usuario (riesgo de filtración, robo de identidad o uso indebido de sus datos).
“Por este desbalance, la decisión racional de los ciudadanos sería no registrarse, pues el costo esperado de compartir su información supera a la percepción del beneficio”, explicó.
Agregó que la experiencia comparada sugiere que el balance entre cumplimiento regulatorio y resultados en reducción del delito es heterogéneo.
La asociación defensora y cabildera de la industria de comunicaciones móviles, GSMA, señala que cerca de 160 gobiernos han establecido algún tipo de registro obligatorio para líneas de prepago, y advierte que la relación entre esa política y una reducción efectiva del crimen no se ha demostrado.
Además, la agrupación subraya que, cuando el diseño es excesivamente costoso o desalineado con las condiciones del mercado, pueden surgir costos de exclusión y mercados paralelos de tarjetas SIM registradas fraudulentamente.
Entre los diseños institucionales alternativos, Banamex propuso mover la responsabilidad al operador telefónico, pues el modelo actual pone la sanción sobre el usuario que no se registra.
Una alternativa sería mover la responsabilidad al operador, quien tiene los sistemas, los datos y la capacidad operativa para hacer efectivo el registro, ya demostrado con la carga masiva de usuarios de pospago.
