La Guardia Civil española acude a la sede del PSOE para investigar presuntos pagos ilegales

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española acudieron este miércoles a la sede nacional del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid para requerir información relacionada con pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, informaron a la agencia EFE fuentes próximas a la investigación.

Se trata del llamado “caso Leire” que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El juez ordenó que las diligencias también se llevaran a cabo en los domicilios de los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, así como del empresario Javier Pérez Dolset.

El caso afecta a Díez, así como al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según confirmaron a la agencia Europa Press fuentes del caso.

En este contexto, el magistrado acordó imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del partido, Ana María Fuentes, entre otros, según precisaron fuentes jurídicas.

El magistrado instructor indaga, entre otras cosas, en si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

La investigación también se dirige contra los abogados Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del ex ‘número tres’ del PSOE en el ‘caso Koldo’, e Ismael Oliver, que llegó a defender al exasesor ministerial Koldo García.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez trasladó un mensaje de “tranquilidad” y colaboración tras lo ocurrido. “El Partido Socialista es distinto y lo demostramos en muchas ocasiones” con relación al Partido Popular, señaló Mínguez en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

“Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada”, precisó.

No obstante, la dirigente socialista lamentó una determinada “campaña de desprestigio y linchamiento” política y mediática contra los socialistas por parte de la derecha para hacer, según afirma, de un titular una gran noticia. “Al final es lo que hace tiempo que se está buscando. Yo ya hice un tuit hace una semana en que dije que no pararán y es que no pararán. Pero también tengo que deciros que a los socialistas tampoco nos doblegarán”, dijo.

Fuentes del caso indicaron que el teniente coronel del Departamento de Delitos Económicos de la UCO, Antonio Balas, acudió este miércoles a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil porque la investigación también afecta a un exagente de la UCO.

Se trata de Juan Sánchez Yepes, agente de la Guardia Civil que formó parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa, y que ya declaró con anterioridad en otras causas relacionadas con tramas de hidrocarburos como el ‘caso Gaslow’. Los investigadores reclamaron información sobre expedientes disciplinarios e informaciones reservadas abiertas.

Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, declaró en el marco de la investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los expedientes de regulación de empleo o ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagar 4,000 euros mensuales durante cuatro meses a la exmilitante socialista.

El pasado 8 de mayo, el juez Pedraz prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI, según confirmó Europa Press de fuentes jurídicas.

Pedraz, titular del Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional, asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán.

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso cobraron 700,000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Los tres habrían formado parte de un grupo llamado ‘Hirurok’ dirigido a orientar “diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”, según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.

Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo “de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones” a través de “contratación y facturación mendaz”, según la investigación.

En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones “y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas” y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.

Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos en diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

La UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar todo aquello que no tenía nada que ver con la causa.

La exmilitante socialista está siendo también investigada en un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO, Antonio Balas con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales.

Los agentes de la UCO ya accedieron a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.