FGR niega persecución política contra Ruffo Appel y defiende investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que exista una persecución política contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, procesado por su presunta participación en una red huachicol fiscal, y aseguró que la investigación se sustenta en 96 datos de prueba obtenidos durante una indagatoria que evolucionó a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados en Coahuila.
En un comunicado difundido el lunes, la Fiscalía sostuvo que “fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”.
La institución explicó que la investigación comenzó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas condiciones representaban un riesgo para la población y la seguridad industrial. A partir de inspecciones, análisis periciales y la revisión de la cadena logística del combustible, las diligencias se extendieron a otros ferrotanques localizados en San Luis Potosí y Nuevo Laredo.
Según la FGR, el análisis de pedimentos aduanales, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la empresa importadora involucrada, constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México.
La Fiscalía señaló que Ernesto Ruffo Appel se incorporó a la estructura societaria de esa empresa en octubre de 2018 y que para 2021 ya figuraba como accionista y secretario del Consejo de Administración, participando junto con José ‘N’ -otro de los investigados- en la representación legal y la toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
Asimismo, indicó que ambos comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como con la operación general de la empresa.
La institución agregó que, conforme avanzó la investigación, la empresa amplió su objeto social para incorporar actividades relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, además de la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares del sector energético.
Como parte de las indagatorias, la FGR informó que ha integrado 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía, criminalística e identificación de hidrocarburos, además de trabajo de campo, análisis documental, inteligencia financiera y coordinación interinstitucional.
La Fiscalía sostuvo que las investigaciones permitieron identificar una estructura empresarial con capacidad para importar hidrocarburos, operar transporte ferroviario especializado y desarrollar una red logística de alcance interestatal.
Respecto al daño patrimonial, precisó que hasta ahora la imputación corresponde a un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos derivado del presunto contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.
No obstante, señaló que el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria permitió detectar más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que “podría ascender a más de cuatro mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación”, monto que buscará acreditar durante la investigación complementaria.
La FGR también señaló que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución. Reiteró que Ruffo Appel “no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”.
Aseguró que las investigaciones se desarrollan conforme a derecho y con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.
El lunes, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), integrada por 25 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, expresó su preocupación por el caso de Ruffo Appel y afirmó que el exgobernador enfrenta una “persecución política instrumentada desde el poder”, al considerar que durante el proceso se vulneraron el debido proceso y la presunción de inocencia.
En respuesta a ese posicionamiento, Morena sostuvo que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a las instituciones de justicia mexicanas y afirmó que Ruffo Appel ha contado con las garantías del debido proceso. El partido también señaló que la investigación se inició hace más de un año y recordó que un juez federal resolvió vincularlo a proceso tras una audiencia de más de 24 horas.
El pasado 23 de julio, la FGR informó que un juez federal vinculó a proceso a ocho personas, entre ellas Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red relacionada con el contrabando de combustibles. De acuerdo con la institución, el exgobernador enfrenta cargos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
