El gobierno ahoga a las Pymes

El Gobierno asegura que quiere fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, pero su política fiscal les quita aquello que necesitan para sobrevivir: flujo de efectivo.

Desde 2026, las plataformas digitales deben descontar a determinados vendedores, incluidas ahora las personas morales, una parte de cada operación antes de entregarles su dinero: 2.5% por concepto de ISR y, en las ventas gravadas a la tasa general, la mitad del IVA, equivalente a 8% del valor de la venta antes del impuesto.

Una retención no equivale necesariamente al impuesto definitivo. Dependiendo de la situación fiscal de cada empresa, estos recursos pueden acreditarse o solicitarse en devolución. El problema es que Hacienda cobra inmediatamente, mientras el contribuyente debe esperar para recuperar lo que pagó de más.

Durante ese tiempo, el saldo a favor existe en la contabilidad, pero no en la caja. No puede utilizarse para pagar salarios, comprar inventario, cubrir a proveedores, realizar un envío ni financiar la siguiente venta. La obligación de cumplir tiene fechas precisas. La posibilidad de recuperar el dinero también debería funcionar en tiempos útiles. Para una empresa grande, con reservas, acceso al crédito, tesorería y especialistas fiscales, esa espera puede ser manejable.

Para una Pyme, que normalmente depende del ingreso de una venta para financiar la siguiente, puede significar endeudarse, dejar de crecer o cerrar. La paradoja es brutal: un pequeño empresario puede terminar pagando intereses para sustituir el dinero que el propio fisco le retuvo.

El esquema forma parte de una política aprobada por el Congreso y ejecutada por la Secretaría de Hacienda y el SAT, por lo tanto, la autoridad no sólo debe explicar cuánto recauda. La evaluación de la política debe considerar qué ocurre con la liquidez y continuidad de los negocios después de la retención y la eficiencia del esquema en la permanencia de los negocios.

Los datos de la Asociación Mexicana de Venta Online permiten dimensionar la alarma. Su reporte combina métricas de distintas plataformas de comercio electrónico con una encuesta realizada entre 2,300 vendedores activos. De los empresarios consultados, 77% reportó afectaciones en su liquidez; 68% señaló que dispone de menos capital para reinvertir, y apenas 3% había recuperado efectivamente su saldo a favor de IVA al momento del levantamiento. Además, 44% consideraba dejar de vender mediante plataformas digitales.

Las métricas agregadas muestran que, según la plataforma analizada, entre 15% y 30% de los vendedores de la base estudiada dejó de publicar durante el primer trimestre de 2026. Entre quienes permanecieron activos, entre 20% y 52% registró menores ingresos en comparación con el año anterior.

Estos indicadores no demuestran que cada salida o disminución de ventas haya sido causada exclusivamente por las retenciones. Sería incorrecto afirmarlo. Pero sí constituyen una señal suficientemente importante para obligar a Hacienda a investigar, publicar resultados y explicar con evidencia los efectos del esquema.

Facilitar el cobro no basta para justificar una política tributaria. La autoridad debe demostrar que las tasas, los anticipos y los procedimientos de devolución son compatibles con la continuidad de los negocios. Recaudar con eficiencia mientras se debilita la capacidad productiva del contribuyente no puede considerarse un éxito.

El problema se agrava cuando recuperar un saldo a favor requiere asesoría especializada, trámites complejos y largos periodos de espera. El cumplimiento se vuelve proporcionalmente más caro para quienes tienen menor capacidad administrativa. La misma regla produce consecuencias distintas cuando se aplica a una gran corporación y a un pequeño negocio. Una puede recurrir a sus reservas o negociar financiamiento en mejores condiciones; el otro debe resolver cómo abrir al día siguiente.

Las retenciones tampoco operan de manera aislada. Las Pymes que venden por internet ya enfrentan obstáculos relacionados con capacitación, crédito, logística, sistemas de pago y confianza del consumidor. La política fiscal añade presión sobre una estructura empresarial que todavía necesita apoyo para consolidarse. No basta con anunciar programas de digitalización, pedirles a los emprendedores que se formalicen o invocar el Plan México si, al mismo tiempo, se inmoviliza el capital que necesitan para producir.

También existe una contradicción con el objetivo de ampliar la base tributaria. Las plataformas facilitan la trazabilidad de las operaciones, registran las ventas y hacen más sencillo fiscalizar su cumplimiento. Convertir ese canal en una fuente de presión financiera puede desalentar precisamente su utilización.

Salir de un marketplace no significa automáticamente pasar a la informalidad. Pero perder vendedores registrados debería preocupar a un gobierno que afirma querer incorporar más empresas al sistema fiscal. No se trata de que las Pymes dejen de pagar impuestos. Se trata de que paguen lo que realmente les corresponde y puedan recuperar oportunamente aquello que les fue retenido en exceso.

La AMVO propone reducir las retenciones a 1% de ISR y 2% de IVA, además de crear un certificado temporal de exclusión para contribuyentes que acumulen saldos a favor recurrentes por exceso de retenciones. Hacienda debe revisar las tasas y evaluar los efectos económicos de las retenciones. El SAT tiene que acelerar las devoluciones, simplificar los requisitos y publicar información verificable sobre los tiempos de respuesta. Las plataformas, por su parte, deben facilitar las conciliaciones y transparentar con claridad cada descuento aplicado.

El éxito tributario no debería medirse únicamente por cuánto dinero logra recaudar el Estado ni por la facilidad administrativa con la que lo obtiene. También debe medirse por el número de empresas que permanecen abiertas, reinvierten, crecen y conservan empleos después de cumplir con sus obligaciones. Recaudar no debería consumir la capacidad de seguir produciendo.

El Gobierno no puede presumir que apoya a las Pymes mientras Hacienda les inmoviliza el capital que necesitan para sobrevivir. Un sistema que cobra rápidamente, devuelve lentamente y traslada al pequeño empresario el costo financiero de la espera no fortalece a las empresas: les corta el oxígeno.