EE.UU. acusa a ‘El R1’ y ‘El R2’ por tráfico de cocaína y metanfetamina
Estados Unidos acusó formalmente por delitos de narcotráfico y armas a Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado por autoridades mexicanas como presunto jefe de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como quien habría ordenado y financiado el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó el miércoles la acusación contra Álvarez Ayala, de 44 años, y su hermano Rafael Álvarez Ayala “El R2”, de 42, a quienes el Departamento de Justicia de Estados Unidos identifica como comandantes regionales del CJNG en Michoacán.
La acusación corresponde a un cargo de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos o más de cocaína y al menos 500 gramos o más de metanfetamina, cantidades que funcionan como umbrales para la aplicación de las penas previstas en la legislación estadounidense. Los hechos habrían producido entre 2004 y diciembre de 2023 y tenían como propósito la importación de las drogas a EE.UU. También están acusados por delitos relacionados con armas de fuego, incluida una ametralladora.
De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.
“El Departamento de Justicia está comprometido con la eliminación total de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
“Al atacar a estos comandantes regionales, damos un paso más hacia el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”, añadió.
Cindy Marx, agente especial a cargo y subdirectora del Centro Nacional de Coordinación de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), sostuvo que las acusaciones contra integrantes del CJNG forman parte de los esfuerzos de la agencia para desarticular estas organizaciones.
“Cada acusación formal contra miembros de cárteles de narcotráfico, como el CJNG, envía un mensaje claro: la DEA está comprometida y enfocada en desmantelar organizaciones terroristas violentas y despiadadas”, declaró.
El Departamento de Justicia señaló que la investigación contra los hermanos Álvarez Ayala está a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles y agradeció al Gobierno de México por la detención de Ramón Álvarez Ayala.
Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. El caso será procesado por fiscales de la División Penal del Departamento de Justicia y forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creado mediante la Orden Ejecutiva 14159, “Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”.
El pasado 23 de agosto, el director de la DEA, Terrance Cole, acusó a altos funcionarios mexicanos de trabajar directamente con organizaciones criminales. “Y hace dos semanas, advertimos a esos mismos funcionarios gubernamentales que actualmente están trabajando con el CJNG”, declaró el funcionario en una entrevista con la periodista Ilia Calderón para el programa Esta Semana en N+Univisión.
‘R1’ permanece preso en México
Álvarez Ayala permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “Altiplano”, desde que fue detenido el 30 de julio en Jalisco.
En México enfrenta un proceso por el homicidio calificado de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en Uruapan.
El pasado 7 de agosto, un juez de control con sede en Michoacán lo vinculó a proceso por ese delito y le impuso prisión preventiva, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las autoridades, “El R1” habría ordenado y financiado el homicidio. Esta atribución se habría sustentado en el análisis forense de teléfonos, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas judicialmente.
El 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que, presuntamente, integrantes del crimen organizado interpretaron como una “provocación” las acciones de Manzo, entre ellas los operativos contra grupos delincuenciales, las detenciones y su participación en acciones contra organizaciones criminales.
La investigación también identificó a un presunto informante dentro del Ayuntamiento de Uruapan. Samuel “N”, quien trabajaba en el gobierno municipal, habría proporcionado a integrantes de la célula criminal información sobre los movimientos del alcalde a cambio de drogas.
Además del proceso por el homicidio de Manzo, Álvarez Ayala enfrenta una causa federal en México por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud por posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína.
