Aprueban sancionar el reclutamiento forzado con hasta 25 años de cárcel
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos un dictamen que sanciona el reclutamiento forzado de personas con penas de hasta 25 años de prisión.
El proyecto adiciona el Capítulo II Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La nueva legislación establece sanciones de diez a veinte años de cárcel para quien induzca o incorpore a personas a grupos delictivos por medios impresos o electrónicos. Asimismo, el dictamen incrementó la pena de quince a veinticinco años de prisión cuando exista intimidación, coacción o abuso de poder, clasificando cualquier captación de menores de edad directamente como reclutamiento forzado.
El Pleno contempló aumentos de la sanción de hasta una mitad cuando los responsables sean servidores públicos, exintegrantes de fuerzas armadas o empleen capacitación de seguridad privada.
De igual forma, el texto legislativo incluyó ese mismo agravante para agresiones contra personas indígenas, afromexicanas o en movilidad humana, además de ordenar la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos involucrados.
La diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, afirmó que la reforma resuelve un vacío jurídico histórico que dificultaba investigar la captación criminal.
Por su parte, representantes del PAN, PVEM y PT destacaron que la norma cerrará espacios a la impunidad y evitará que la infancia sea utilizada como instrumento de las organizaciones delictivas.
Los representantes de las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron el acuerdo unánime al señalar que la ley brindará herramientas claras a las fiscalías para perseguir este delito. Finalmente, la Cámara de Diputados fijó un plazo de ciento ochenta días naturales para que las legislaturas de las entidades federativas armonicen sus leyes locales con el nuevo decreto federal.
