Organizaciones civiles piden diálogo con el SAT tras revocación de donatarias
Tras la reciente revocación del estatus de donatarias autorizadas a más de un centenar de organizaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), representantes de la iniciativa “Manifiesta tu Ciudadanía” hicieron un llamado a establecer un diálogo de alto nivel con las autoridades fiscales para garantizar certeza jurídica y fortalecer el trabajo del sector.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, David Pérez Rulfo, integrante del Consejo Directivo de la iniciativa, explicó que la principal demanda es abrir canales de comunicación institucional. Señaló que buscan “un diálogo con las autoridades porque consideramos que el espacio cívico, que es donde actúan las asociaciones civiles y en especial las donatarias autorizadas, está salvaguardado por el artículo noveno de nuestra constitución”, en referencia a la libertad de asociación que permite a organizaciones civiles contribuir de forma solidaria a tareas sociales.
Pérez Rulfo detalló que las actividades de estas organizaciones abarcan desde asistencia social hasta defensa de derechos, pasando por temas ambientales y de desarrollo. Subrayó que todas ellas están reguladas por el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que reconoce 26 actividades de interés público. “No es ni un permiso para recibir donativos ni la deducibilidad se deduce de los impuestos resultantes a pagar”, sino que se aplica sobre la base gravable, con un límite del 7% de las utilidades declaradas.
En ese sentido, afirmó que aproximadamente “70 centavos de cada peso que ese donante le otorga son de su bolsillo”, lo que, a su juicio, desmonta percepciones erróneas sobre el beneficio fiscal. Sin embargo, advirtió que este incentivo se ha convertido en un mecanismo de presión: “De ser un incentivo fiscal se convirtió en una espada de Damocles”, debido a regulaciones y decisiones que calificó como discrecionales.
Más reguladas que los ‘giros negros’
El integrante de “Manifiesta tu Ciudadanía” también cuestionó el nivel de supervisión al que están sujetas estas organizaciones. “Somos más regulados que los giros negros, que los casinos y que los bares”, dijo.
Aseguró que incluso están bajo disposiciones vinculadas a la prevención de lavado de dinero, pese a que “no hay casos en los últimos años en México”. Además, mencionó limitaciones operativas, como la restricción de destinar solo el 5% de sus ingresos a gastos administrativos.
Advirtió que las organizaciones no cuentan con mecanismos efectivos de defensa: “El derecho de audiencia, de ser escuchados y de tener un juicio, no opera para las donatarias autorizadas”, ya que la cancelación se notifica sin un proceso judicial previo. Consideró que esta medida es desproporcionada, al compararla con impedir a una empresa emitir facturas.
Respecto a la respuesta del SAT, Pérez Rulfo señaló que existe “una asimetría total” frente a otras personas morales, ya que en este caso las decisiones son administrativas y, según dijo, con “una alta dosis de discrecionalidad”. Indicó que las revocaciones se justifican de forma general bajo el argumento de incumplimiento del artículo 82, sin detallar casos específicos.
Asimismo, destacó la heterogeneidad del sector, donde conviven grandes instituciones académicas con pequeños albergues o casas hogar, lo que, afirmó, dificulta cumplir con los mismos requisitos administrativos.
Informó que las organizaciones presentarían formalmente una solicitud de diálogo ante el SAT, amparados en el derecho de petición. “Esperamos que la autoridad responda en el mismo canal de manera formal si tendremos un diálogo. No somos organizaciones de confrontación, somos instituciones que buscamos el diálogo, que buscamos la construcción, porque México está por delante y los ciudadanos que necesitan estas instituciones realmente están pasándola mal”, apuntó.
Pérez Rulfo concluyó que están dispuestos a participar en un proceso de interlocución “con altura de miras, con datos y con propuestas”.
