La ley de infraestructura busca rescatar las finanzas públicas con capital privado

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar representa un flotador para las finanzas de México, pues busca subsanar el rezago de inversión pública en infraestructura sin aumentar impuestos; dinamizar la participación de empresas que pueden aportar más al erario público; además, puede ayudar a reducir los subsidios que brinda el gobierno para amortizar las alzas en recursos energéticos no renovables.

La Ley, que fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, abre la coparticipación de la iniciativa privada con el sector público para el desarrollo de infraestructura. Su principal objetivo, de acuerdo con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, es conectar el dinero público -que ya existe- con las obras que el gobierno no puede pagar solo.

«Lo que estamos buscando es movilizar miles y miles de millones de pesos que están inactivos en fondos, en fideicomisos, en ahorros, en bancos, para trasladarlos de manera directa a los privados», explicó el diputado, principal impulsor de esta iniciativa de Ley.

Desde la década de los 80, ante la falta de recursos públicos, y no incurrir en el costo político que implica cobrar más impuestos, se aplican recortes al gasto en inversión física (infraestructura), explicó José Luis Clavellina Miller, director de investigaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

2025 no fue la excepción tras un año electoral en el que el gasto corriente se mantuvo, el ajuste presupuestal recayó en la inversión pública. Solo los recortes a ese rubro en 2025 tuvieron, según el CIEP, un efecto negativo de 0.7% en la tasa de crecimiento económico.

Menos inversión pública implica menor crecimiento, menor crecimiento significa menor recaudación, menor recaudación obliga a nuevos recortes. «Esto se convierte en un círculo vicioso», señaló el investigador del CIEP.

También, dentro de cambios que acompañan a esta Ley, y que fueron aprobados para la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se blindan los gastos relacionados con los proyectos para el desarrollo con bienestar, ante crisis económicas y posibles recortes presupuestarios.

“Si el contexto es el tema de la infraestructura yo vería con buenos ojos que esté protegido, porque pasa un ajuste presupuestario, se ajustan los presupuestos, y pues lo que queremos es un poco de seguridad frente a los vaivenes económicos. Y creo que eso sí pudiera mandar una muy buena señal de que los proyectos seguirán su curso, y que los recursos estarán ahí”, consideró Roberto Ballinez, director ejecutivo senior de Finanzas Pública e Infraestructura de HR Ratings.

Clavellina Miller explicó el mecanismo de certidumbre que busca la ley: aunque el gobierno tiene un historial de recortes, la norma le permitiría garantizar a los inversionistas privados y sociales que los proyectos prioritarios sí tendrán presupuesto asignado en cada ejercicio fiscal, y que los contratos se cumplirán. «No tengan miedo de que los contratos los voy a incumplir», describió como el mensaje de fondo de la iniciativa.

Círculo virtuoso

En febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que prevé invertir 722,000 millones de pesos adicionales al presupuesto en este año, cifra equivalente al 2% del Producto Interno Bruto, en total de 2026 a 2030 se prevé una inversión total por 5.6 billones de pesos . Las áreas contempladas para el desarrollo de proyectos son energía eléctrica, petróleo, carreteras, puertos y la continuación de proyectos como el Tren Maya.

La Ley pone los cómos para lograr estas inversiones, pues contempla distintos vehículos financieros: inversión mixta, inversión directa privada, monetización de carreteras, concesión en la operación y administración de puertos y aeropuertos. En algunos proyectos participarán el gobierno y los privados; en otros, solo uno de los dos. Cuéllar aseveró que estos esquemas no se contabilizan como deuda pública.

La visión de este instrumento para proyectos a largo plazo, también da una mayor certeza para las inversiones, las cuales pueden ser en el sector energético, especialmente para disminuir la importación de gas y combustibles de Estados Unidos, tener menores precios y así contribuir a la reducción de estímulos fiscales y subsidios, que otorga el gobierno para amortizar las alzas de estos suministros en el mercado nacional.

“Es importante entender, que hoy en día es mucho más importante tener la participación de los extranjeros, porque nuestra participación va a ser determinada por los precios que están siendo pagados en el mercado, y a pesar de que Pemex ahora va a poder ganar un poco más por las exportaciones de petróleo crudo, las importaciones de gas y las importaciones de petrolíferos; gasolina y de diésel van a aumentar muchísimo”, explicó Juan Trebino, socio de la firma Roland Berger, y especialista en el tema energético.

Las nuevas reglas en la Ley refieren que para que las empresas internacionales participen en estos proyectos deben tener domicilio en México.

“Dado el entorno en el que estamos viviendo, mientras más podemos formular atraer inversiones extranjeras e implementarlas de una forma que sea valiosa para el país, que es absolutamente necesario, esa forma puede ser, que ya está definida, las inversiones mixtas. Esas empresas van a pagar impuestos, y el gobierno va a recaudar a través de las ventas que van a hacer, entonces yo creo que lo que se va a generar va a ser un circulo virtuoso”, comentó Trebino.

Transparencia y rentabilidad: las variables pendientes

Clavellina Miller alertó sobre cambios en las definiciones de obligaciones futuras del gobierno que acompañan a la iniciativa, los cuales podrían generar presiones adicionales sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En su opinión, la solución de fondo al rezago en infraestructura requiere fortalecer los ingresos del Estado mediante una reforma hacendaria que revise tanto los ingresos federales como los estatales y municipales.

La nueva ley, reconoció, apunta en otra dirección: es una respuesta a la restricción fiscal, no la corrección de su causa.

Para el diputado Cuéllar, la síntesis es otra: «Es lo que usted estaba esperando en la economía nacional para detonar mayor crecimiento». Si esa promesa se cumple dependerá, en gran medida, de que los proyectos sean rentables, transparentes y de que los privados encuentren en México las condiciones de certeza que por ahora solo existen en la ley.