Informe sobre desapariciones en México analiza su evolución hasta 2026: Comité de la ONU
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) aseguró que su más reciente evaluación sobre México no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década de interacción con el Estado mexicano sobre la crisis que se remonta al menos a 2006 y que, según sus hallazgos, persiste en la actualidad.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló en su cuenta de X que “el análisis del CED no se limita a un periodo cerrado”, ya que la decisión adoptada examina “la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo”.
El documento, que motivó la remisión urgente de la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, se sustenta formalmente en información recopilada desde 2012, pero sitúa el origen del agravamiento del fenómeno en 2006, en correlación con la estrategia de seguridad conocida como “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón, a partir de la cual se registró un incremento sostenido en las desapariciones, así como una diversificación de perpetradores y modalidades.
Un análisis que abarca hasta 2026
El CED subraya que su evaluación incorpora datos recientes que evidencian la continuidad del fenómeno. Apunta que “la información destaca las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; la presencia de fosas clandestinas; la sistemática privación de libertad en el contexto de disputas por el control territorial entre los cárteles; y la presunta participación o aquiescencia de servidores públicos”.
Asimismo, el Comité advierte que el acumulado nacional sigue en aumento. En ese sentido, señala que “el número de personas desaparecidas registradas (más de 132 400 ‘personas desaparecidas y no localizadas’ al 19 de febrero de 2026) y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
Además, documenta un agravamiento de la crisis forense. “A inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar (en comparación con 52,000 en el momento de la visita del Comité en 2021)”, indica el informe, que también da cuenta de la concentración de fosas clandestinas en entidades como Sonora, Veracruz y Tamaulipas.
El Comité también identifica incrementos significativos en ciertas regiones y grupos poblacionales. “En Guanajuato, el número de personas desaparecidas se ha multiplicado por ocho desde 2017 hasta abril de 2025, mientras en Tabasco las desapariciones de personas han tenido un incremento exponencial en 2024 y 2025, con niñas y jóvenes como principales víctimas”, detalla.
Patrones documentados
Dentro del marco temporal analizado, el CED examinó casos paradigmáticos que permiten identificar patrones de violencia en distintos momentos y entidades, como Coahuila (2009-2016), Veracruz (2010-2016) y Nayarit (2011-2017). Estos casos, junto con la información más reciente, fueron considerados para establecer la persistencia y características del fenómeno.
El procedimiento que derivó en la decisión actual -en el marco del artículo 34 de la Convención- incorporó información recibida a inicios de 2025 y concluyó con las sesiones del Comité celebradas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.
A partir de este análisis longitudinal, el Comité concluyó que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”.
El organismo señala que estos actos ocurren mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, y que pueden involucrar tanto a autoridades públicas de distintos niveles como a organizaciones criminales, ya sea de forma autónoma o con su complicidad.
No obstante, el propio Comité aclara que no encontró indicios de una política a nivel federal orientada a la comisión de estos actos.
En contraste, el Estado mexicano ha rechazado categóricamente la conclusión del CED y niega que exista en el país una práctica de desaparición forzada que constituya un crimen de lesa humanidad.
Luego de darse a conocer el informe el pasado 2 de abril, el Gobierno de México aseguró en un comunicado de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores: “Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada”.
Añadió: “Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en su conferencia matutina del lunes en que el informe no es “muy exacto” porque se “extrapolan” los datos de cuatro estados de 2009 a 2017 a la situación actual a nivel nacional.
¿Qué dice el informe de la documentación proporcionada por el Estado mexicano?
El informe también recoge la postura del Estado mexicano, que ha sostenido ante el Comité la existencia de un andamiaje jurídico e institucional orientado a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas.
Entre las medidas reportadas se encuentran la creación de la Ley General en la materia en 2017 (actualizada en 2025), el decreto presidencial del 18 de marzo de 2025 para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas, así como la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. A ello se suma la creación de fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda, mecanismos de coordinación interinstitucional y programas de subsidios.
De acuerdo con el propio Estado, estas acciones reflejan una política dirigida a la atención de víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y la sanción de los responsables.
Al respecto, el CED señaló en su informe que “en múltiples ocasiones, el Comité ha reconocido y acogido con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado Parte, y ha remitido el marco jurídico e institucional mexicano como ejemplo positivo a otros Estados”.
“No obstante, el Comité también ha tenido que subrayar que estos esfuerzos han resultado insuficientes e ineficaces, y que no han permitido contrarrestar las tendencias continuas, como el aumento constante del número de personas desaparecidas; la falta de avances efectivos en la búsqueda e investigación de la mayoría de los casos denunciados; el ocultamiento de información; la impunidad casi absoluta de los perpetradores; la alarmante crisis forense y la falta de apoyo a los allegados que luchan a diario para buscar a sus seres queridos”.
Situación actual
El CED concluye que, si bien existe un marco normativo robusto y acciones institucionales en marcha, estos no han logrado revertir la magnitud ni la tendencia del fenómeno documentado en el país.
Según el informe, “la situación de las desapariciones forzadas no ha mejorado desde su visita al Estado Parte en 2021, a pesar de los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas al respecto. Las autoridades responsables siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen y siguen siendo necesarios cambios estructurales para abordarlo y prevenirlo de manera eficaz y eficiente”.
El lunes, el presidente del CED, Juan Pablo Albán, aseguró en sus redes sociales: “Los objetivos comunes deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición, y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias”.
Subrayó que, si bien pueden existir desacuerdos con las conclusiones del Comité, estos deben enmarcarse en el respeto institucional. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, señaló luego de que el Gobierno mexicano calificara el documento como “tendencioso”.
