ICE pone el foco en propietarios para perseguir a indocumentados que rentan viviendas
Los agentes de inmigración están exigiendo información de los inquilinos a los propietarios que arriendan sus viviendas, lo que genera preguntas y confusión.
Se trata de información que podría estar en poder de arrendadores para ubicar a inmigrantes indocumentados.
Las autoridades están exigiendo que los propietarios entreguen contratos de alquiler, solicitudes de alquiler, direcciones futuras, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos.
Esto representa una señal de que la administración de Donald Trump los tiene en la mira para ayudar en su campaña de deportaciones masivas.
Eric Teusink, abogado de bienes raíces del área de Atlanta, comentó que varios clientes recibieron recientemente citaciones solicitando expedientes completos de sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.
La citación de dos páginas que Teusink compartió en exclusiva con The Associated Press, también solicita información sobre otras personas que convivieron con el inquilino.
Una de ellas, fechada el 1 de mayo, está firmada por un funcionario de la unidad antifraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, no está firmada por un juez.
No está claro el alcance de las citaciones, pero podrían indicar un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno para localizar a personas que se encuentran en el país sin autorización, muchas de las cuales debían proporcionar a las autoridades su dirección estadounidense como condición para ingresar inicialmente al país sin visa.
El presidente Donald Trump eliminó en gran medida el estatus temporal para las personas que tenían permiso de entrada al país bajo el mandato de su predecesor, Joe Biden.
Las dudas sobre si los propietarios deben cumplir las exigencias de ICE
Algunos expertos legales y administradores de propiedades dicen que las exigencias plantean serias cuestiones legales porque no están firmadas por un juez y que, si los propietarios cumplen, podrían correr el riesgo de violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional.
Los críticos también dicen que es probable que los propietarios se sientan intimidados y deban cumplir con algo que un juez no ha ordenado, mientras que la persona cuya información se solicita puede no saber nunca que sus registros privados están en manos de las autoridades de inmigración.
“El peligro aquí es el cumplimiento excesivo”, dijo Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane que estudia derecho de la vivienda. “El hecho de que un arrendador reciba una citación no significa que sea una solicitud legítima”.
