Hacker del narco usó cámaras para cazar informantes del FBI
Un hacker al servicio de esta organización criminal accedió a los registros telefónicos de un funcionario del FBI destacado en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.
Con estos datos, obtuvo tanto el historial de llamadas como la ubicación en tiempo real del agente, lo que permitió rastrear sus movimientos y, sobre todo, identificar a las personas con las que se reunía en la capital mexicana.
La información extraída no solo sirvió para seguir al funcionario, sino que fue utilizada por el cártel para intimidar y, en algunos casos, eliminar a testigos o informantes que colaboraban con la agencia federal estadounidense.
El caso pone de relieve cómo la combinación de vigilancia masiva -a través de cámaras públicas- y la obtención ilícita de datos personales puede convertirse en una herramienta letal en manos de organizaciones criminales.
El informe que reveló este incidente forma parte de una auditoría sobre los desafíos que enfrentan las agencias de inteligencia y seguridad ante la expansión de la “vigilancia técnica ubicua”, es decir, la presencia constante de cámaras y el comercio de grandes volúmenes de datos sobre comunicaciones, desplazamientos y ubicaciones personales.
Esta realidad complica el trabajo de las fuerzas del orden, especialmente cuando dependen de informantes confidenciales cuya seguridad puede verse comprometida por filtraciones tecnológicas.
El acceso a la red de videovigilancia de la Ciudad de México permitió al cártel seguir de cerca los movimientos de los funcionarios estadounidenses y sus contactos, lo que facilitó la identificación y posterior persecución de quienes colaboraban con las autoridades.
El uso de tecnología avanzada por parte de los cárteles no es un fenómeno aislado. En años recientes, se ha documentado la colaboración entre organizaciones criminales y expertos en informática, quienes han desarrollado sistemas de comunicación encriptados para proteger las operaciones delictivas y dificultar la intervención de las autoridades.
El caso de Christian Rodríguez, un joven colombiano que diseñó una red de comunicaciones seguras para el Cártel de Sinaloa, ilustra cómo los cárteles han invertido en tecnología para blindar sus actividades.
