Europa prueba la semana laboral de cuatro días, sin bajar productividad ni salarios

En Europa se está gestando una transformación silenciosa en la manera de concebir el trabajo. Lo que hace una década parecía una utopía hoy empieza a consolidarse como un debate real: reducir la jornada sin sacrificar productividad ni salarios. Países Bajos, Grecia y Polonia ofrecen tres modelos distintos que revelan cómo el futuro laboral podría tomar formas muy diferentes según las tradiciones sociales, la fuerza de los sindicatos y las urgencias políticas de cada nación.

El caso más llamativo es el de Holanda. Allí, sin leyes específicas que lo regulen, el país terminó por acercarse de facto a una semana laboral de cuatro días. En paralelo, Grecia ensaya un proyecto de ley con tintes polémicos que permite jornadas de hasta 13 horas diarias bajo ciertas condiciones, mientras Polonia apuesta por un modelo experimental más flexible que combina incentivos económicos con objetivos demográficos. El mosaico europeo es variado, pero todos los caminos conducen a una misma pregunta: ¿cómo equilibrar vida personal, productividad y competitividad en el siglo XXI?

Holanda: trabajar menos sin perder ingresos

Los datos de Eurostat son reveladores. En 2023, la jornada media en Países Bajos fue de 32,2 horas semanales, muy por debajo de las 36,4 horas de España o las 35,5 de Irlanda. En los empleos a tiempo completo, la cifra apenas llega a 39,1 horas semanales, una de las más bajas de Europa. El resultado es que buena parte de los trabajadores concentra su actividad en cuatro días, dejando un quinto libre, sin que exista ninguna norma que lo obligue.

La explicación está en la aceptación social del trabajo a tiempo parcial. A diferencia de otros países, en Holanda no se considera sinónimo de precariedad. Casi la mitad de los trabajadores lo elige, y entre las mujeres el porcentaje llega al 75 %. Esa flexibilidad permite que millones de personas organicen su vida laboral en función de sus necesidades familiares, personales o educativas.

Esta reducción de horas no tuvo un efecto negativo sobre la economía. Con una productividad de 45,3 euros por hora trabajada ùmuy por encima de los 29,4 de España, aunque lejos de los niveles de Irlanda o los países escandinavos, que superan los 60ù, Países Bajos sostiene un mercado laboral robusto. Los salarios medios, ajustados por poder adquisitivo, rondan los 16,2 euros por hora, frente a los 14,9 de la media europea. En otras palabras: trabajan menos, pero cobran más.

Lo notable del modelo neerlandés es que no se diseñó como una gran reforma política. No hay un decreto ni un plan nacional para imponer la semana laboral reducida. Más bien, se trata del resultado de décadas de políticas de conciliación, negociaciones colectivas y una cultura social que prioriza el equilibrio entre trabajo y vida privada.

Mientras en España se debate públicamente sobre la viabilidad de una jornada de cuatro días con reducción de horas, Holanda se deslizó de manera orgánica hacia ese escenario. Allí, la lógica parece invertida: en vez de trabajar más para ganar más, se trabaja menos sin perder ingresos. Esto convierte al país en un espejo incómodo para las economías que todavía defienden la ecuación tradicional de largas jornadas y competitividad.

Grecia: la apuesta por la flexibilidad extrema

En el otro extremo, Grecia avanza con un proyecto de ley bautizado ” Trabajo Justo para Todos”, que propone cambios profundos en la organización de la jornada laboral. El texto de 88 artículos, actualmente en consulta pública, contempla la posibilidad de trabajar cuatro días a la semana con jornadas de 10 horas, pero también habilita escenarios de hasta 13 horas diarias en aquellas empresas que no ofrecen descansos cortos.

El corazón de la reforma está en la flexibilidad. Según el proyecto, el período de referencia para medir el tiempo de trabajo podrá extenderse de una semana a 12 meses. Esto significa que las horas de más en un periodo pueden compensarse con reducciones en otro, según acuerden empresa y trabajador. Además, se fija un incremento salarial del 40 % para las horas extras legales, que podrán llegar a cuatro por día y hasta 150 al año.

Aunque el texto protege a los trabajadores contra despidos en caso de rechazar horas extra, los críticos advierten que una ley de este tipo podría trasladar demasiada presión sobre los empleados, especialmente en sectores con menor poder de negociación. En la práctica, más que una semana laboral corta, el modelo griego parece abrir la puerta a jornadas más largas bajo la promesa de compensaciones salariales.

Polonia: cuatro días contra la crisis demográfica

Muy distinto es el camino emprendido por Polonia, que desde junio puso en marcha un modelo experimental orientado a reducir la jornada laboral como parte de una estrategia demográfica. El país enfrenta un problema urgente: baja natalidad, envejecimiento poblacional y debilitamiento de los vínculos familiares. Para revertirlo, el gobierno introdujo opciones más flexibles, como la semana de cuatro días, jornadas de seis horas o días libres adicionales.

La clave está en que no se trata de una imposición uniforme. Las empresas podrán decidir cómo organizar sus horarios, mientras los trabajadores acceden a opciones que les permitan pasar más tiempo con sus familias. Para facilitar la transición, el gobierno destinará subsidios de hasta un millón de zlotys a las compañías que decidan adoptar estos cambios.

El objetivo es doble: mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, fomentar la natalidad en un país donde el empleo indefinido y los horarios extensos han limitado durante años las posibilidades de conciliación.

Una tendencia global con múltiples matices

Polonia y Grecia se suman así a un debate que ya atraviesa gran parte de Europa. Bélgica implementó hace tiempo la posibilidad de concentrar las horas en cuatro días, Francia y España ensayan programas piloto, y en los países escandinavos se exploran esquemas de mayor flexibilidad. Incluso Japón, conocido por su cultura laboral extrema y el fenómeno del karoshi ùmuerte por exceso de trabajoù, estudia implementar semanas reducidas para los funcionarios públicos.

Lo que está en juego no es solo la cantidad de horas trabajadas, sino un cambio cultural más profundo: redefinir el sentido del trabajo en sociedades que, al mismo tiempo, enfrentan desafíos de productividad, envejecimiento poblacional y salud mental.

La experiencia holandesa muestra que la reducción de la jornada no necesariamente implica pérdidas económicas. La pregunta que queda abierta es si estos modelos son extrapolables a otros contextos.