EE.UU. acusa a red internacional de intentar dotar al CJNG de armamento militar como misiles y sistemas antiaéreos
El ciudadano búlgaro Peter Dimitrov Mirchev compareció el pasado viernes ante un tribunal federal en Estados Unidos tras ser extraditado desde España, donde fue detenido en Madrid, acusado de conspirar para distribuir cocaína y de participar en una red para suministrar armamento de grado militar a cárteles de la droga mexicanos, en particular al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, Mirchev enfrenta cargos por conspiración para poseer armas de fuego -incluidas ametralladoras y artefactos explosivos- en el contexto de actividades de narcotráfico.
En el mismo caso, el ciudadano keniano Elisha Odhiambo Asumo fue extraditado desde Marruecos el pasado 11 de marzo y presentado ante un tribunal estadounidense al día siguiente.
Según la acusación, desde al menos septiembre de 2022, Mirchev, Asumo, el ciudadano tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpweire -quien permanece prófugo- habrían conspirado para suministrar ilegalmente armamento militar a organizaciones criminales mexicanas.
Entre el arsenal presuntamente negociado se encuentran ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador, equipos de visión nocturna, minas antipersona y sistemas antiaéreos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados creían que el CJNG utilizaría dichas armas “para facilitar el tráfico ilegal de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos”.
El gobierno de Donald Trump designó al CJNG el 20 de febrero de 2025 como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designada, lo que refuerza la prohibición internacional de suministrarle armamento.
La investigación señala que Mirchev sostuvo reuniones con personas que afirmaban representar al CJNG, en las que habría acordado coordinar transacciones ilícitas de armas procurando evadir a las autoridades internacionales. Como parte del esquema, presuntamente reclutó a Asumo para obtener de manera fraudulenta un Certificado de Usuario Final (EUC), documento que simula el destino legítimo del armamento.
De acuerdo con los registros judiciales, Asumo y Mwapinga lograron obtener un EUC de la República Unida de Tanzania que autorizaba la importación de fusiles AK-47. Como prueba inicial, el grupo habría exportado desde Bulgaria un lote de 50 rifles de asalto AK-47 con sus cargadores y municiones, con la intención de que fueran entregados al CJNG.
Las autoridades también sostienen que los acusados continuaron negociando el suministro de armamento adicional, que incluiría misiles tierra-aire, drones antiaéreos y sistemas ZU-23.
“Por ejemplo, alrededor de octubre de 2024, Mirchev discutió la posibilidad de suministrar al CJNG misiles tierra-aire, drones antiaéreos y el sistema de armas antiaéreas ZU-23, capaz de disparar 23 proyectiles de 152 mm y diseñado para derribar objetivos de bajo vuelo, como helicópteros. Mirchev explicó que el ZU-23 puede rastrear objetivos automáticamente y dispara proyectiles de alto explosivo que podrían derribar helicópteros”, dice la acusación.
Mirchev habría elaborado una lista de armas con un valor aproximado de 53.7 millones de euros (unos 58 millones de dólares), mientras que Asumo y Mwapinga acordaron proporcionar documentación para ocultar el verdadero destino del arsenal.
El expediente judicial también vincula a Mirchev con actividades previas relacionadas con el tráfico de armas, incluyendo su presunta implicación en el suministro de armamento al traficante Viktor Bout, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo y conspiración.
En cuanto a las detenciones, Mirchev fue arrestado por autoridades españolas en Madrid el 8 de abril del año pasado, mientras que Asumo fue detenido el mismo día en Casablanca, Marruecos. Mwapinga fue arrestado en Accra, Ghana, y extraditado a Estados Unidos el 25 de julio. Mpweire continúa prófugo.
De ser declarados culpables, los acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. No obstante, la Fiscalía subrayó que “las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas” y serán determinadas por un juez conforme a las directrices federales y otros factores legales.
El caso fue investigado por la División de Operaciones Especiales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y autoridades de España, Marruecos y Ghana, entre ellas cuerpos policiales y ministerios de justicia.
La Fiscalía indicó que este proceso forma parte de la Operación Take Back America (Recuperemos América), una iniciativa nacional orientada a combatir organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico y delitos violentos.
