Caso Ayotzinapa: el recuento a 11 años de la desaparición de 43 estudiantes
El 26 de septiembre de 2014 ocurrió un hecho que conmocionó a México: 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron en Iguala en un caso que, a lo largo de tres Gobiernos federales, ha dejado más interrogantes que certezas.
De acuerdo con la información oficial, los normalistas viajaban de Tixtla a Iguala con la intención de retener autobuses y recaudar fondos para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. A partir de esa noche su rastro se perdió, iniciando la travesía de los padres en busca sus hijos y de justicia.
La noche del 26 de septiembre de 2014
Esa noche, los estudiantes fueron atacados a balazos por policías municipales, estatales y federales en Iguala, Guerrero. Durante el operativo, un estudiante sobrevivió y más tarde otro fue hallado sin vida. Omar García Velázquez, estudiante de segundo grado, fue uno de los sobrevivientes.
Recibió una llamada informándole que sus compañeros estaban siendo baleados por la policía. Al llegar a Iguala, encontró un autobús con impactos de bala y charcos de sangre. Junto con otros compañeros, intentó auxiliar a los heridos, pero fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano, quienes les permitieron hacer llamadas bajo la condición de no mencionar su presencia militar.
Alexander Mora Venancio, de 19 años, fue uno de los estudiantes hallados sin vida esa misma noche. Sus restos fueron identificados mediante pruebas de ADN, aunque la autenticidad de esta identificación ha sido objeto de controversia. Expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense han cuestionado la metodología utilizada, señalando posibles irregularidades en el proceso.
Hechos desmentidos: la “verdad histórica” y la huida de Abarca
La versión oficial conocida como la “verdad histórica” sostenía que los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Sin embargo, esta narrativa fue cuestionada y señalada como una construcción irregular por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), que documentó manipulación de escenas, tortura y falsificación de pruebas.
Jesús Murillo Karam, exfiscal general, presentó la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa y actualmente enfrenta procesos judiciales por su papel en la investigación.
En noviembre de 2014, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, huyeron tras ser señalados como presuntos responsables de ordenar el ataque. Fueron capturados en la Ciudad de México y posteriormente extraditados a Estados Unidos, donde enfrentaron cargos por vínculos con el crimen organizado.
Una magistrada federal, involucrada en el caso Ayotzinapa, fue detenida en mayo de 2025 por ordenar la destrucción de videos clave relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes.
Creación de grupos internacionales de investigación
Tras la denuncia de irregularidades en la investigación inicial, se establecieron diversos grupos internacionales para colaborar en el esclarecimiento del caso. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desempeñó un papel crucial en la identificación de fallas en el proceso judicial y en la propuesta de nuevas líneas de investigación.
En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la evaluación con la ONU para integrar nuevos especialistas al caso Ayotzinapa, con el objetivo de fortalecer la investigación y garantizar la imparcialidad en el proceso.
Manifestaciones y protestas: lucha por justicia
Desde la desaparición, se han realizado múltiples movilizaciones en Guerrero, la Ciudad de México y otros estados del país para exigir justicia y mantener viva la memoria del caso.
En 2015, se colocó en Paseo de la Reforma, el antimonumento “+43”, convertido en símbolo de protesta y en un espacio permanente de exigencia por la presentación con vida de los normalistas.
En 2023, familiares de los 43 normalistas instalaron un campamento de protesta frente a un cuartel militar, exigiendo respuestas y señalando a las fuerzas armadas como responsables de la desaparición. Las manifestaciones han incluido actos simbólicos como la quema de vallas frente a Palacio Nacional y la vandalización de cuarteles militares en Chilpancingo.
Avances recientes: investigaciones y justicia
En 2025, se giraron 16 órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, incluyendo al coronel Rafael Hernández Nieto, por presunta participación en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, un tribunal ordenó liberar a ocho militares acusados, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó su relación con delincuencia organizada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó a la FGR a publicar una versión de la carpeta de investigación, garantizando la reserva de datos sensibles. Por su parte, el Gobierno federal analiza la incorporación de un nuevo grupo de especialistas internacionales, distinto al GIEI, para supervisar y acompañar los trabajos de esclarecimiento.
